Una trabajadora municipal del Ayuntamiento de Albacete denunció que el pasado 15 de septiembre sufrió una presunta agresión sexual en la Plaza de Toros de Albacete, donde desempeña sus funciones. Estos acontecimientos habrían ocurrido en uno de los palcos de la citada Plaza de Toros. En el día de hoy la víctima ha llevado a cabo una rueda de prensa en la que denuncia que no ha recibido ayuda ni apoyo del Ayuntamiento, algo que el Ayuntamiento de Albacete niega y demuestra con documentos.
Adela Sevilla, conserje del Ayuntamiento de Albacete desde el año 2005, ha denunciado públicamente haber sido víctima de acoso y de una agresión sexual mientras desempeñaba su trabajo, en un festejo de la feria taurina de la ciudad, y ha reprochado la desprotección que ha sentido por parte del Consistorio.
En una rueda de prensa, esta trabajadora ha lamentado que el Ayuntamiento no se ha personado como acusación particular tras la denuncia que interpuso por los hechos ocurridos el 15 de septiembre mientras trabajaba en el festejo taurino, en el palco de autoridades «debidamente identificada como trabajadora municipal».
Ha precisado que, ya durante el festejo, fue «objeto de comentarios inapropiados y gestos insistentes por parte de un hombre del palco adyacente», mientras que al concluir el festejo, otro de los varones de ese palco se abalanzó sobre ella sin su consentimiento.
De los hechos, a preguntas de los medios de comunicación, ha rechazado aportar más datos para no interferir en la investigación, pero ha indicado que pudo identificar a estos dos hombres ante la Policía.
Ha detallado que «estos hechos fueron comunicados inmediatamente al puesto jerárquico y denunciados ante la Policía Nacional y el juzgado» y que toda la documentación la registró, en el servicio oportuno, en el Ayuntamiento de Albacete
ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Según ha podido conocer El Digital de Albacete, como primera actuación, ante la comunicación de los hechos por parte de la trabajadora a su responsable de servicio, desde el Ayuntamiento de Albacete se procede a trasladar la incidencia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se da todo el apoyo a esta trabajadora, ofreciéndose a acompañarla para denunciar los hechos y para lo que hiciera falta. Así se hace constar en el documento que firma la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico con fecha 19 de septiembre al que ha tenido acceso El Digital de Albacete.
Este servicio de Prevención realizan diferentes gestiones, entre las que se incluyen tareas con la dirección de la Mutua para que la trabajadora reciba la mejor atención posible. También se le informa de la existencia de un seguro con cobertura de defensa jurídico-penal a disposición de los trabajadores del Ayuntamiento de Albacete y que se gestiona a través del Servicio de Recursos Humanos. La trabajadora finalmente acude a la Mutua el 9 de octubre, siendo derivada al Servicio Público de Salud.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El 20 de septiembre la trabajadora presenta escrito en el que viene a solicitar literalmente que: “se provea la tramitación necesaria para la protección jurídica de la que suscribe con asistencia de letrada de este Ayuntamiento en su condición de perjudicada en el correspondiente procedimiento judicial que se apertura…”
La petición de la trabajadora es trasladada a ARAG SE, compañía aseguradora con la que el Ayuntamiento tiene concertada la defensa jurídica penal del personal a su servicio.
Con fecha 11 de octubre la aseguradora comunica el rechazo de la asistencia. Existiendo dudas sobre la interpretación efectuada, el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales presentó su disconformidad al mismo.
No obstante, con fecha de 17 de octubre de 2023 se recibe comunicación donde ARAG SE informa que, consultado con su Asesoría Jurídica, se confirma que el supuesto carece de cobertura dentro de la póliza, afirmando que: «En un sentido literal del condicionado el siniestro carece de cobertura en la póliza. La garantía de defensa habla claramente de defensa y «procesos que se les sigan», es decir contra los asegurados. Y la de reclamación de daños corporales limita el alcance precisamente a los daños corporales, por lo que tampoco tendrá cobertura.
Ante la denegación de asistencia por parte de la aseguradora y archivo de la petición por Servicio de RRHH, desde la alcaldía se decide que el Ayuntamiento debe prestar la asistencia jurídica con sus propios medios, así, con fecha 24 de octubre se formula propuesta resolución por la que “se encomienda a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete que se ponga a disposición de la trabajdora con relación a la denuncia presentada, llevando a cabo un seguimiento de la misma y en este sentido le proporcione la correspondiente asistencia y asesoramiento legal y en su caso, realice las acciones legales oportunas en el proceso penal abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Albacete.
Esta propuesta del Alcalde es paralizada por el oficial mayor que considera que al tratarse del reconocimiento de un derecho que no está expresamente regulado y definido necesita acompañarse de sendos informes del Servicio de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica. Estos informes son solicitados en este momento de forma verbal.
Con fecha 26 de octubre se emite informe del Servicio de RRHH que realiza una exposición detallada de todos los antecedentes, así como de las actuaciones seguidas con la compañía de seguros y que termina concluyendo: “procede se reconozca y haga efectivo el derecho a la defensa jurídico-penal de la trabajadora denunciante en el procedimiento abreviado, tramitado ante el Juzgado de Instrucción Número Tres de Albacete, en la forma que se estime más adecuada para los fines perseguidos, bien asumiéndolo por parte de los Letrados/as propios del Ayuntamiento de Albacete, bien realizando la contratación que legalmente resulte procedente para la asunción de la defensa jurídica o, en última instancia, asumiéndose el pago de los servicios de un profesional de libre elección de la interesada, previa solicitud expresa en ese sentido de la misma, debidamente autorizada, con carácter previo, por el Ayuntamiento de Albacete, determinando su importe máximo a sufragar.”
El 27 de octubre desde Alcaldía, dada la naturaleza de los hechos denunciados, consistentes en la presunta comisión de un delito de AGRESIONES SEXUALES sufrido por una empleada pública en el desempeño de sus funciones, se reitera por escrito la necesidad de que por parte de los Servicios Municipales se realicen las actuaciones necesarias tendentes a facilitar a la trabajadora la adecuada asistencia jurídica.
En dicho escrito “se insta al Servicio de Recursos Humanos y a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete a que emitan informe relativo a la petición de la victima a efectos de evaluar y estudiar todas la vías legales posibles para que desde el Ayuntamiento se pueda prestar el correspondiente auxilio y asistencia jurídica a la trabajadora solicitante, haciendo el seguimiento del asunto, y en su caso, ejerciendo las acciones legales oportunas en proceso penal que se ha abierto al efecto….”
El 28 de octubre se emite informe de la Directora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento favorable también al reconocimiento de este derecho pero estableciendo la necesidad de cuantificar el importe máximo que asumiría el Ayuntamiento en caso de que deban sufragarse los gastos de defensa jurídica de la abogada contratada por la denunciante.
El 3 de noviembre se emite informe en el que se cuantifica el importe máximo a satisfacer por el Ayuntamiento de Albacete a la denunciante, por la libre lección de abogado y procurador, tomando como referencia a dichos efectos los criterios orientadores de los respectivos Colegios profesionales.
El 16 de noviembre se dictamina favorablemente por unanimidad de todos los grupos municipales en la Comisión informativa de Recursos Humanos. Por parte del representante del PSOE, Manuel Martinez, se hace constar que el Ayuntamiento ha actuado correctamente en este asunto, informan fuentes municipales a El Digital de Albacete.
En la Junta de Gobierno que se celebrará el próximo 23 de noviembre se adoptará el acuerdo definitivo de reconocimiento del derecho, así se ha incluido en el Orden del día como punto nº 17
