El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reiteraba el pasado viernes su rechazo a la derogación del delito de sedición anunciada por el Gobierno central y aseveraba que “este debate no toca, porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, que Puigdemont viniera a España” para someterse a la justicia “como hicieron los demás”. Una posición que también compartía el alcalde de Albacete, Emilio Sáez.
En concreto, a través de Twitter, el alcalde de Albacete mostraba su opinión al respecto. “No me gusta que el secesionismo catalán se beneficie de rebaja de penas”, escribía Emilio Sáez en su perfil oficial de Twitter. Del mismo modo indicaba que “comparto la opinión del presiente Page”.
Al respecto, reflexionaba el alcalde de Albacete que “primero Puigdemont debe responder ante la Justicia y, después, mejoramos las leyes que sea preciso”. En relación a este asunto manifestaba Emilio Sáez que “respetaré la decisión que adopte la mayoría parlamentaria”.
García-Page: “No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido”
“No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido”, aseguraba el presidente regional, al tiempo que insistía en que lo prioritario es que regrese el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ser juzgado “y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas”.
Para García-Page, lo más importante es “si los ciudadanos creen que es lo que parece, o si es lo que parece, que creo que es lo que va a opinar la mayoría de los españoles, que es lo que parece”. El presidente castellano-manchego era categórico al asegurar que no comparte el planteamiento dado a conocer por el Gobierno nacional, “lo que no significa que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España”.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional señalaba que “el objetivo es conseguir la convivencia, pero el camino de dejarles las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto”, advertía. Asimismo, y tras catalogar de “muy grave” lo que pasó en Cataluña en 2017, valoraba que el debate “no puede ser sereno” si se produce “interfiriendo claramente en los procesos en marcha, como los procesos de apelación ante los tribunales europeos”.
García-Page ha manifestado entender “la buena voluntad” del Gobierno de España con esta iniciativa, pero se ha mostrado partidario de que los acuerdos se alcancen entre los partidos que defienden el texto constitucional, “porque si ese papel lo hacen los que quieren acabar con la Constitución, es harto difícil y nunca será un debate sereno ni objetivo”, ha garantizado.
Mecanismos de defensa para quien quiera alterar el orden constitucional
En este mismo contexto, García-Page valoraba que “todo sistema democrático tiene la obligación de tener mecanismos de defensa para quien quiera alterar el orden constitucional, es algo elemental”, y advertía de la necesidad de que en España quede “muy claro” que quien quiera volver a intentar un proceso de estas características “debe entender que las consecuencias no son solo políticas, sino penales”.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional defendía que “en términos de homologaciones legales, hay muchas cosas que se pueden discutir, pero lo que no es homologable es la actitud de los independentistas”, al tiempo que aseguraba que “en Europa no van a encontrar un caso parecido” a lo que hicieron los independentistas de Cataluña.
“La solución del conflicto que plantean los independentistas catalanes ni será rápida, ni milagrosa; requiere de muchos esfuerzos, pero todos pasan por el cumplimiento de la ley, y es de sentido común que si algunos han entrado en la cárcel con una ley, con una vara, todos los cabecillas deben ser medidos por la misma vara”, añadía García-Page en alusión a Puigdemont, “que se quiere convertir en juez y parte, decidir él mismo qué tipo de delito pueden cometer y qué pena tendría”, apostillaba.
