La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo lunes a 20 personas por supuestas defraudaciones a la Seguridad Social, dos de ellas por hacer contratos en una empresa a los otros 18 encausados que les permitieron cobrar prestaciones que no les correspondían, por importe de 108.279 euros.
El fiscal considera a los dos primeros procesados, un matrimonio, coautores de un presunto delito continuado contra la seguridad social en la modalidad de fraude de subvenciones, por el que solicita que sean condenados a una pena de tres años y ocho meses de prisión cada uno.
A su vez, los otros 18 procesados están acusados por el ministerio público de ser los presuntos autores de un delito contra la seguridad social en la modalidad de fraude de subvenciones, por el que solicita una pena de un año y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el importe defraudado al Servicio Público de Empleo Estatal se elevaría a 108.279 euros.
Escrito de acusación de la Fiscalía
En el escrito de acusación del fiscal se indica que los dos principales acusados durante los años 2012, 2013 y 2014, acordaron realizar contratos de trabajo a diversas personas que carecían de derechos a la prestación y subsidio de desempleo, simulando ser trabajadores de su empresa.
Los empresarios, puestos en común con estos trabajadores, procedían a darles de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuanta ajena de la empresa, y tras un periodo de tiempo, y también de común acuerdo, ponían fin a su supuesta relación laboral.
De esta manera, los trabajadores obtenían indebidamente el derecho a obtener la prestación de desempleo, a sabiendas que en la mercantil nunca habían prestas sus servicios laborales, mantiene el fiscal.
Asimismo, considera que «con ánimo de enriquecimiento injustos y con el fin de aparentar la relación laboral, de común de acuerdo con el resto de los acusados», los empresarios elaboraron y presentaron ante la Tesorería General de la Seguridad Social los correspondientes documentos de afiliación, alta y baja en el Régimen General de la Seguridad Social, accediendo los trabajadores así a cobrar el subsidio de desempleo, «al que en ningún caso hubiesen tenido derecho».
