El próximo 30 de noviembre se juzga en los juzgados de Guadalajara a ocho activistas antidesahucios que fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 en una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo (Guadalajara), para quienes la Fiscalía pide un año de prisión por los presuntos delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público.
Petición de penas por la Fiscalía
Así, según el auto de la Fiscalía, facilitado por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara y recogido por Europa Press, por el delito de resistencia y desobediencia grave a los agentes se pide para los activistas una pena de diez meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
A esta pena se suman dos meses más por el delito leve de allanamiento de un local abierto al público, con una cuota diaria de diez euros y aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, lo que supondría un mes más de privación de libertad.
Por parte de la entidad bancaria se pide una condena que según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara asciende a tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.
