El Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que haya proporcionalidad en la capacidad de financiación que se reserva a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas, en función del porcentaje de gasto que asume cada administración.
Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación, previas al inicio de la reunión del CPFF, que tiene lugar hoy en el Ministerio de Hacienda, en Madrid, donde ha destacado la necesidad de que todos los niveles hagan un mismo esfuerzo de reducción de esa capacidad de financiación.
Ruiz Molina ha considerado que el actual sistema de financiación es “insuficiente” para Castilla-La Mancha y ha hecho hincapié en que, si a eso se le añade una reducción del déficit, “no nos permitirá mantener la capacidad de gasto que queremos para 2023″.
Nuevo modelo de financiación autonómica
Por tanto, «también vamos a solicitar que se retomen los estudios para un nuevo modelo de financiación autonómica y que, mientras se aprueba, se establezca un régimen transitorio similar al Fondo Covid de 2020, por importe de 16.000 millones de euros, repartido de acuerdo con la población ajustada, con el objetivo de contar con los recursos suficientes para mantener la capacidad de gasto que desea el Gobierno de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio”, ha subrayado el consejero.
Además, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que «aun reconociendo el esfuerzo transformador del Gobierno de España, se están tomando decisiones, por parte de la Administración del Estado, que afectan a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas». En este sentido, ha dicho que «se tienen que establecer los mecanismos de compensación para que cuando por parte del Estado se adopten este tipo de decisiones, sea con la correspondiente financiación de las comunidades autónomas».
“En el mejor de los casos, se nos financia la puesta en marcha de determinadas medidas, pero no el mantenimiento de estas medidas a lo largo de los años”, ha continuado Ruiz Molina, quien ha agregado que este tipo de decisiones deberían tratarse previamente en la Conferencia de Presidentes, “sin perjuicio de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera intervenga desde un punto de vista más técnico”.
