El Ayuntamiento de Albacete ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial de un hombre interpuesta al Consistorio albaceteño por daños materiales en su silla de ruedas.
El reclamante solicitaba la compensación económica de 81,99 euros, debido al mal estado de los rebajes de los pasos de peatones de las calles: Carmelitas, Enero, Málaga y parque Ramón Roldán, todos confluencia con carretera de Jaén, «porque están mal terminados con escalones que superan en algunos casos los 10 centímetros entre la acera y la vía de circulación de vehículos” lo que asegura supone “dificultad y caídas para atravesar dichos pasos con una silla de ruedas para personas con movilidad reducida”.
La reclamación de responsabilidad patrimonial fue admitida a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento para determinar si existía responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento en relación a dichos hechos.
Así, en el expediente consta un informe del Servicio de Infraestructuras en el que se indica que “no se especifica el lugar concreto donde se produjeron los supuestos daños, no pudiendo por tanto comprobar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad que estaba vigente cuando dichos pasos rebajados se ejecutaron ni si el incumplimiento de la normativa de accesibilidad (en caso de que así fuera) es motivo de rotura de la silla de ruedas». Haciendo constar además de la inexistencia de más incidentes en dicha zona por el mismo motivo.
Detalla el expediente que según las fotografías aportadas por el reclamante, en los vados peatonales relacionados “no se aprecian desperfectos o anomalías que los hagan intransitables, cumpliendo estos con la normativa autonómica en cuanto al ancho libre de paso del vado y la pendiente máxima del plano inclinado que deben tener”. Por otra parte, incide el expediente que se desconoce el uso y desgaste que presentaba la silla de ruedas cuando se produjo su rotura, “no quedando acreditado que el Ayuntamiento de Albacete haya incumplido la normativa de accesibilidad”.
Por tanto, concluye el expediente, los vados peatonales de la ciudad “cumplen con la normativa sobre accesibilidad”, ya que el reclamante se «limita» a considerar que los vados indicados en su reclamación no son accesibles.
En base a todo ello, la Junta de Gobierno Local acuerda desestimar la reclamación presentada por el reclamante al no quedar probado la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido estipulado por la Ley.
