Los trabajadores temporeros procesados por alentar el ‘motín’ del verano en la Institución Ferial de Albacete (IFAB), donde cumplían cuarentena por COVID-19, y agredir a varios agentes de la Policía Nacional, volverán a sentarse este martes, 27 de abril, en el banquillo de los acusados después de que el pasado mes de febrero las partes no alcanzarán un acuerdo de conformidad.
La idea inicial era llegar a un acuerdo y evitar la celebración del juicio, pero este extremo no fue posible ya que la acusación pedía la expulsión de los cuatro acusados del país, pena que rechazaron los abogados de la defensa. Por este motivo, la vista se volverá a celebrar este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.
La Fiscalía solicitaba tres años de prisión, así como el pago de un total de 1.680 euros en multas para cada uno de los procesados, pena que se sustituiría por la expulsión del territorio nacional durante ocho años.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto de 2020, en el recinto ferial IFAB de Albacete, donde permanecían confinados 200 temporeros del asentamiento de la carretera de Las Peñas, por cuarentena obligatoria tras varios positivos de COVID.
Durante el relevo de los agentes de la Policía Nacional, se inició un ‘motín’ en el que varios de los confinados intentaron salir del recinto y pasar el cordón policial, lanzando objetos y amenazando a los agentes.
Dos de ellos, supuestamente lanzaron botellas de agua, piedras y adoquines a los policías, otro presuntamente también lanzó adoquines y los amenazó con unas tijeras de podar, y otro de los temporeros animaba al resto a continuar con el ‘motín’, llegando a tirar un cuchillo a los agentes.
Como consecuencias de las agresiones, varios agentes sufrieron lesiones leves consistentes en contusiones y arañazos por diversas partes del cuerpo.
Por estos hechos, que considera constitutivos de un delito de desórdenes públicos y de siete delitos leves de lesiones, el Ministerio Fiscal mantiene la pena inicial de tres años de prisión, así como el pago de un total de 1.680 euros en multas para cada uno de los procesados.
