/El Digital de Albacete/
El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha presidido la reunión de trabajo sobre Ordenanzas Municipales reguladoras de alojamiento de trabajadores migrantes durante las campañas agrícolas, a la que ha convocado a los ayuntamientos que ya cuentan con esta normativa en vigor, así como al Ayuntamiento de Albacete, que ha manifestado su voluntad de aprobarla.
De esta forma han estado presentes en este encuentro el alcalde de Balazote, Mateo Simarro, que fue el primer municipio que aprobó en pleno esta ordenanza reguladora, motivo por el que ha sido felicitado por el subdelegado del Gobierno; la concejala Luisa Moya y el técnico Francisco Modesto Valverde, del Ayuntamiento de Barrax; la concejala Antonia Cuesta, del Ayuntamiento de Pozo Lorente; Juan Carlos Gómez, alcalde de Casas de Juan Núñez y Vicente Casañ, alcalde de Albacete.
El objeto de esta convocatoria ha sido analizar con los distintos ayuntamientos lo que ha supuesto la entrada en vigor de esta ordenanza municipal, que ha contado con las aportaciones de las organizaciones agrarias y de los empresarios agrícolas y un intercambio de información sobre el flujo de estos trabajadores entre la capital y los municipios próximos con campañas agrícolas.
Desde el pasado verano la Subdelegación del Gobierno en Albacete ha mantenido una decena de reuniones con el Ayuntamiento de Albacete para abordar el tema de los asentamientos que hay en la ciudad, en las que han participado también las Concejalías de Urbanismo y de Atención a las Personas, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En este sentido la Subdelegación del Gobierno ha convocado esta puesta en común y la ha puesto al servicio del Ayuntamiento de Albacete, ya que en estos momentos se encuentra trabajando en la redacción de una ordenanza municipal similar a la que ya cuentan los ayuntamientos convocados, con el fin de intercambiar información y experiencias con estos municipios.
El propósito último es aunar esfuerzos en la regulación de las condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad y dignidad en el alojamiento que deben tener las personas que vienen a trabajar a nuestros campos.
El subdelegado del Gobierno ha instado al resto de ayuntamientos de la provincia que, tradicionalmente acogen a trabajadores migrantes para las campañas agrícolas, a dotarse de este tipo de normativa que redundan en beneficio de la convivencia y es un elemento más para garantizar los derechos de los trabajadores y unas condiciones dignas para su alojamiento.
