/El Digital de Albacete/
El senador del PP por la provincia de Albacete Ramón Rodríguez ha afirmado este martes en Ciudad Real que la ‘ley Celá’ es un pago del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Podemos, independentistas y nacionalistas «por su apoyo a los PGE y para mantener un gobierno estable y poder gobernar toda la legislatura».
En rueda de prensa, donde ha estado acompañado por el presidente provincial y senador Paco Cañizares, el también miembro de la Comisión de Educación del Senado ha manifestado que «la ley Celaá no es una simple ley educativa, sino un pago por los servicios prestados que se demuestra con las líneas básicas que incluye la ley fruto de los acuerdos adoptados por PSOE, Podemos, nacionalistas e independentistas, porque este apoyo no es gratuito».
Así, según Ramón Rodríguez, «la educación de nuestros hijos se ha utilizado como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad de Sánchez e Iglesias y el primer acuerdo que toman es no dar cuentas a nadie para su redacción de forma que se redacta únicamente por políticos y sin dejar entrar a nadie».
El segundo acuerdo, ha explicado el senador, es que la ley debe contener las líneas básicas de los tres socios, y que en el caso de Podemos, exige estatalizar la educación, que la educación la debe controlar el Estado , avanzar hacia una escuela única, sin opciones de elección y con una ideología determinada.
Por su parte los nacionalistas e independentistas pretenden dar pasos hacia su desconexión con el Estado y acercarse un poco más a la independencia, exigiendo cuatro medidas que el senador del PP ha considerado innegociables: suprimir el castellano, poder decidir el mayor porcentaje de contenidos, elegir los inspectores «a dedo» y que la prueba de selectividad sea diferente en cada autonomía.
Ha añadido que el PSOE tiene dos objetivos principales, que son la promoción de curso y que desaparezcan los centros de educación especial y los alumnos se integren en colegios ordinarios.
A juicio de Ramón Rodríguez, la ‘ley Celaá’ es «un ataque al diálogo y al consenso, a la convivencia entre centros públicos y concertados, a la libertad de enseñanza y de elección, a la libertad religiosa, a la educación concertada, a la educación especial, a la pluralidad, a la enseñanza de calidad, al esfuerzo y el mérito, al profesorado, al castellano como lengua oficial de nuestro país y a la igualdad de oportunidades»
