Los empresarios agrícolas del ajo se defienden de las críticas de los sindicatos ante el asentamiento ilegal de Albacete

/Marta López/

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA), Luis Fernando Rubio, respondía a las denuncias realizadas desde CCOO Albacete en relación al trato que reciben los trabajadores del campo que se dedican a la recolección de ajo.

Así explicaba a El Digital de Albacete cómo realizan el proceso de contratación de temporeros los miembros de ANPCA: “La gente se ofrece para trabajar porque incluso tenemos bolsas de trabajo, o vienen agrupados en cuadrillas que te llaman para poder trabajar con nosotros”. A partir de este momento indica que a todos los trabajadores “se les coge el número de la Seguridad Social porque tienen que tener el correspondiente permiso de trabajo y se les da de alta”.

Subraya Luis Fernando Rubio que “es imposible contratar a trabajadores ilegales” en primer lugar porque “estás arriesgando tu propio capital por una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”. Así, expone que “si se ha producido algún caso de contratación de trabajadores ilegales nosotros queremos que caiga sobre estas personas todo el peso de la ley con el fin de evitar también competencia desleal”. Además, reconoce que “es muy complicado que se realicen contrataciones de trabajadores ilegales porque estamos sometidos a una presión muy fuerte por parte de Inspección de Trabajo”.

El año pasado “la media del salario por jornada en nuestras empresas asociadas fue de 68,2 euros por trabajador”, manifiesta el director ejecutivo de ANPCA, añadiendo que “el salario es el acordado por el convenio e incluso algo superior, ya que hay que tener en cuanto al tipo de ajo que se recolecta”. De este modo explica que “si el ajo tiene un calibre más pequeño se comprende que el rendimiento va a ser menor porque se va a tardar más en llenar una caja” y además subraya que “comprendemos que cortar un ajo de calibre pequeño conlleva más esfuerzo que cortar un ajo de calibre grande por lo que muchas veces el salario establecido en el convenio de Albacete se supera”.

Una vez que se realiza la contratación de estos trabajadores del campo “se les lleva al puesto de trabajo e incluso se les paga el desplazamiento conforme lo establecido en el propio convenio”, puntualiza Rubio. Así, indica que la jornada laboral suele durar entorno a “6-7 horas” ya que “se empieza muy temprano, sobre las 7:00 horas, para terminar también temprano, sobre las 13:00 horas”. “La gente no corta ajo más tarde porque hacerlo con las altas temperaturas que se alcanzan en esta época del año podría dañar las propiedades del ajo”, matiza Luis Fernando Rubio.

De este modo hace hincapié en que “todo está muy controlado y vigilado” y asegura que “las inspecciones de trabajo son diarias en las explotaciones de ajo precisamente para no tener ningún problema”. A través de este tipo de inspecciones se “identifica a los trabajadores y se constata que las condiciones son las adecuadas”, apunta.

Asentamientos

“Estamos en contra de este tipo de asentamiento como el de la carretera de las Peñas y comprendemos que esto es un problema de orden social que deben atajar las Administraciones públicas, pero no se puede trasladar esta responsabilidad al empresario”, considera el director ejecutivo de ANPCA.

De este modo recuerda que “el empresario es responsable del trabajador en su puesto de trabajo pero cuando acaba su jornada laboral es totalmente libre de buscarse su alojamiento, de buscarse la comida que quiere, o de invertir su salario en lo que quiere”. Así, subraya que cada uno de estos trabajadores “gana un jornal que es la retribución por su trabajo y puede ejercer su libertad plena porque lo que no podemos pretender es que el empresario sea el responsable de dónde vive cada persona, qué es lo que come o en qué invierte su salario”.

Al respecto pone de manifiesto que la agricultura “es el único sector en el que se pretende exigir esto” porque pone como ejemplo que “cualquier otro funcionario, como el caso de los maestros se tienen que alquilar su propia vivienda cuando marchan a trabajar a otro municipio y los gastos no corren a cargo de la Administración porque cada persona es responsable de cuidar de sí mismo con su propio salario”. Otra cosa añade “es que “en estos casos los trabajadores prefieran gastar su salario en otra cosa antes que en alquilar una habitación o vivienda”. Además, recuerda que “los trabajadores son residentes en España y con permiso de trabajo legal en España”.

Durante las Comisiones de Flujos Migratorios que se celebran todos los años en la Subdelegación del Gobierno de Albacete y en la que tiene representación ANPCA, “Inspección de trabajo siempre nos ha dejado muy claro que seamos muy escrupulosos a la hora de contratar mano de obra para la recolección porque hemos detectado que existen falsas empresas de servicios que pretenden engañar al empresario, agricultor o productor de ajo diciéndole que le van a realizar la contratación como si fuera un servicio empresarial cuando en realidad lo que están haciendo es una cesión ilegal de estos trabajadores”.

Por tanto manifiesta Luis Fernando Rubio que “a nuestros asociados por activa y por pasiva, año tras año, siempre les hemos recomendado dar de alta cada empresa a sus trabajadores, nunca contratar con empresas de servicios y menos la recolección”. Así, añade que “la recolección es una contratación de mano de obra y siempre tiene que ser dada de alta o a través de una ETT o directamente el empresario es el que debe dar de alta a cada uno de los trabajadores para asegurar que todo está legal y es correcto”.

Así, remarca que acabar con los asentamientos ilegales corresponde a las Administraciones públicas”, pero tiende la mano de los agricultores, empresarios y productores para poner fin a esta situación. Además, concluye que “no se puede exigir que incluso coartemos la libertad del trabajador a la hora de destinar su salario en lo que él quiera”.