La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar el próximo martes, 16 de mayo, una sesión en la que por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida se enfrenta el director de un banco a la pena de 6 años de prisión y multa de 4.320 euros. Un segundo acusado por un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida a la pena de 5 años de prisión y multa de 3.960 euros. Y un tercer acusado por un presunto delito continuado de apropiación indebida 3 años de cárcel.
Además, el acusado y director de una caja indemnizará a la entidad en la cuantía en la que resulten acreditados los perjuicios ocasionados con el otorgamiento de los créditos concedidos con engaño a la entidad, además de todos aquellos que resulten acreditados debiendo indemnizar conjunta y solidariamente con el segundo acusado en estos mismos conceptos a la caja en relación a los créditos.
El fiscal interesa además que «la entidad en calidad de responsable civil indemnice junto con los acusados en relación a los perjudicados a los que no se ha realizado ofrecimiento de acciones; en relación a los créditos concedidos con engaño a Caja y en relación a las comisiones ilegales cobradas a los clientes».
Acusación
El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que «el acusado fue designado apoderado de la entidad Caja Campo por escritura de fecha 27 de marzo de 2007 otorgada en Requena, dichas atribuciones le fueron notificadas el 28 de noviembre de 2007. A partir de ese momento el acusado ejerció su función como Director de la Oficina de Tarazona hasta noviembre de 2009. Entre las competencias que tenía atribuidas en su condición de director, se encontraban la concesión de préstamos hipotecarios sin tener que requerir la autorización de sus superiores hasta un importe máximo de 200.000 euros, así como la autorización de préstamos personales que no superaran los 75.000 euros. Fuera de estos límites, el acusado debía solicitar autorización a los órganos superiores de la entidad para su concesión, a los efectos de valoración de riesgos».
Continúa el fiscal asegurando que «en el ejercicio de su función como director entre 2008 y 2009, el acusado, con ánimo de ilícito lucro, concedió préstamos superando las cantidades anteriormente permitidas y sin dar cuenta de ello a su superioridad, obteniendo posteriormente una parte de los mismos para su propio beneficio y el de los otros acusados a modo de comisiones ilegales, o bien obteniendo el beneficio de manera directa al conceder créditos a sus familiares y a los otros acusados que de haber pasado por el control de la superioridad de la entidad crediticia no se habrían concedido». Para conseguir su propósito, explica el fiscal, «el acusado confundió a los sistemas informáticos utilizados por la entidad para el control de las operaciones crediticias, formalizando varios préstamos que individualmente tenían importes inferiores a los permitidos a favor de un mismo cliente o de su núcleo familiar o laboral (esposa, socio, hijo…), pero que en conjunto superaban los límites de sus competencias».
En otras ocasiones, detalla el fiscal, «antes de abonar en cuenta el importe relativo a la segunda o sucesivas operaciones, el acusado y director de la caja simulaba una cancelación anticipada del préstamo anterior con cargo a una cuenta puente denominada «Intervención», impidiendo así que el sistema informático denegara la concesión de un nuevo préstamo, anulando además las cancelaciones anticipadas. Como consecuencia de estas argucias informáticas , el acusado consiguió formalizar créditos simulando que éstos se encontraban dentro de sus atribuciones y que de haber sido auditados por órganos superiores de la entidad no habrían sido concedidos por el riesgo de sufrir un perjuicio económico».
«El importe de los préstamos irregulares formalizados por el acusado», afirma fiscalía, «ascendió a 10.022.650 euros». La entidad reclama el importe de los préstamos «concedidos ilícitamente sin atender a las normas de riesgo que han resultado impagados, junto con los intereses y las costas judiciales no recuperadas».
En muchas de estas operaciones, siempre según el fiscal, el acusado y director «operaba de común acuerdo con un segundo acusado, que se beneficiaba de las comisiones obtenidas en concepto de «comisiones » ilegales, variables entre el 5 y el 10% del valor del crédito concedido, bien mediante reintegro directo de las cuentas de los mismos sin su autorización, o bien mediante ingresos de cantidades en sus cuentas propias o en las de personas cercanas, como el caso de la cuenta de la comunidad de bienes integrada por los dos acusados». En otras ocasiones, explica el fiscal, «estas cantidades se utilizaban para amortizar préstamos personales del acusado y director, préstamos concedidos a su suegra, préstamos relacionados con el segundo acusado, préstamos concedidos a la empresa de la que es socia la mujer del primer acusado, préstamos concedidos al cuñado del primer acusado».
«El total de las comisiones ilegales cobradas a los clientes con la concesión de estos créditos», apunta el fiscal, «asciende a 917.402,53 euros».
En otro orden de cosas, detalla el fiscal, «con ánimo común de ilícito lucro, un tercer acusado trabajaba coordinadamente con los otros dos captando clientes y planeando operaciones crediticias para la entidad Caja Campo sin que conste que se realizaran urdiendo engaño a la entidad , obteniendo los acusados comisiones indebidas a los clientes de la entidad Caja Campo que retiraban de sus cuentas directamente o a través de transferencias realizadas desde las cuentas de los clientes a sus propias cuentas».
El fiscal afirma en su escrito que «las operaciones en las que los acusados desviaron cantidades a su propio patrimonio cobrando comisiones ilegales a los clientes en créditos legítimamente concedidos por un total 387.586,32 euros».
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar el próximo martes, 16 de mayo, este juicio.
