El administrador de una empresa albaceteña que se dedicaba a la construcción se enfrenta a dos delitos contra la hacienda pública, uno por defraudación omisiva a la Hacienda Pública estatal mediante la elusión del pago de un tributo e impago de una cuota tributaria excedente de los 120.000 euros; y dos, determinación de la cantidad defraudada según el impago en cada periodo impositivo a la pena, por cada delito, de cuatro años de prisión y multa de 800.000 euros, quedando sujeto, si no satisficiere la multa impuesta, a una responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad durante 8 meses.
El fiscal pide además para el acusado una indemnización a la Hacienda Pública estatal en la cantidad de 747.213’85 euros, como resarcimiento de los daños y perjuicios provocados, con aplicación de los intereses legales.
La cita del acusado con la Justicia será este viernes, 25 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal Bis de Albacete.
Acusación
El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que en Albacete, el 26 de diciembre de 1997, fue constituida una sociedad de promociones y contratas administrada desde su creación por el acusado. Esta empresa se dedicaba a la construcción de todo tipo de obra civil; a la promoción de obras; a la intermediación en la compra, venta y arrendamiento de terrenos y, asimismo, a la construcción, compra, venta y arrendamiento de inmuebles o partes de inmuebles, tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros.
Especifica el escrito fiscal que durante los ejercicios tributarios de 2009 y 2010, la referida empresa «transmitió varios inmuebles a distintas personas y en diferentes ocasiones, casi siempre mediante el otorgamiento de escrituras públicas, y, a pesar de que en todas ellas, emitiendo las facturas correspondientes, repercutió el IVA a sus clientes y cobró, como parte del precio de cada una de las operaciones, la cuota correspondiente a dicho impuesto, incumplió sus obligaciones tributarias de reflejar tales operaciones (dieciséis durante 2009 y veintiséis durante 2010) en sus declaraciones y de abonar el dinero que, cobrado a sus clientes y perteneciente a todos los ciudadanos, debía de pagar a la Agencia Tributaria».
La mercantil, señala la Fiscalía, «dejó de pagar durante el año 2009 la suma de 488.459’94 euros y durante el año 2010 la suma de 258.753’93 euros».
