Una mujer ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal Tres de Albacete como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil con una falta continuada de estafa a la pena de dos años de prisión y multa de 2.400 euros. La Sala ha establecido del mismo modo que se suspenda la pena de prisión por tres años, condicionada a que la penada no vuelva a delinquir en el plazo indicado.
Hechos probados
La Sala declara probado en la sentencia, de conformidad entre las partes y según ha podido conocer El Digital de Albacete, que «en el año 2007 una empresa de autobuses de Albacete firmó un convenio con empleados del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al objeto de que aquellos que debieran desplazarse hasta Villarrobledo para trabajar en el hospital pudieran beneficiarse de un precio reducido de viaje. Para ello se creaban dos bonos, uno de duración mensual, con una tarifa para los viajes de ida y vuelta de 91 euros y otro de duración quincenal con una tarifa más barata». De esta forma, detalla la sentencia, «aquel trabajador sanitario que deseara obtener este descuento, debía ingresar bien en efectivo, en la taquilla que la empresa tenía en la estación de autobuses, bien mediante domiciliación bancaria, el importe de dichos bonos. Su condición de beneficiario quedaba documentada mediante la emisión de un carné en el que figuraba su fotografía y aparecían sus datos de identidad».
«También se previó la creación de un bono provisional para los trabajadores vinculados al precitado servicio con un contrato de trabajo temporal. Este bono, era un folio sellado por la empresa y en el que constaban tales datos», así explica la sentencia «cada trabajador debía exhibir su carné o su bono juntamente con su DNI al subir al autobús».
Para conseguir una tramitación más ágil de tales bonos, la empresa, dicta la sentencia, «confió la trasmisión de tales bonos provisionalmente a la acusada que por entonces era empleada del SESCAM y usuaria de uno de los bonos. Dejó de serlo en el año 2011. Así, la acusada no pagaría el precio de su bono a cambio de que se encargara de repartir los bonos a las personas beneficiarias».
Así las cosas, en fecha indeterminada pero comprendida en el mes de septiembre de 2013, cuando la entonces acusada no tenía ya ninguna relación con la mercantil denunciante, «confeccionó y entregó cinco bonos a otras tantas personas a quienes cobró el precio de los mismos, sin que la misma entregara el dinero cobrado a la empresa».
Por este procedimiento, la ahora condenada «cobró de las cinco usuarias 455 euros, cantidad de dinero que nunca entregó a la mercantil denunciante».
